9 Una Propuesta De Renta Fiscal Universal Para España

la propuesta que aquí se plantea es la de un crédito fiscal universal sobre la base de convertir el mínimo vital definido en el IRPF, en una auténtica Renta Garantizada, es decir, el mínimo nivel de ingresos que el Estado asegura a todos los ciudadanos por igual. un ingreso mínimo que garantice la libertad del ser humano, pues si no están asegurados los ingresos imprescindibles para cubrir las necesidades vitales ,las decisiones de la vida no se toman con total libertad. el funcionamiento de un crédito fiscal universal es sencillo y transparente. definir la cantidad del mínimo vital no resulta fácil, pero un punto de partida es el mínimo personal y familiar que ya contempla nuestro IRPF, que es la parte de ingresos no sometidos a gravamen por ser la cantidad necesaria para cubrir las necesidades básicas, y al que de forma gradual, deberían ir aproximándose el resto de prestaciones de nuestro Sistema de Protección Social. una vez definida la cuantía de la renta mínima y el tipo de

la contradicción del sistema actual reside en que al mismo tiempo que se reconoce un mínimo personal y familiar en el IRPF, nuestro sistema de protección social incluye una gran variedad de prestaciones cuyas cuantías varían mucho entre sí y, en algunos casos, son inferiores al mínimo contemplado en este impuesto y algunas de sus deducciones. uno de los ejemplos más sorprendentes es que mientras la prestación por hijo o menor a cargo se sitúa en 291 €, el mínimo por descendiente en el IRPF de 2400 € (por el primer hijo; la media por descendientes de 3132 €), en tanto que las deducciones por maternidad por hijos menores de 3 años o la deducción por familia numerosa asciende a 1200 € en ambos casos. estos datos demuestran que no se está teniendo en cuenta un nivel mínimo que toda ayuda social debería garantizar. no tiene ningún sentido, poniendo otro ejemplo, que haya prestaciones inferiores al mínimo del IRPF, pues este es un nivel mínimo que actualmente el Estado considera necesario

es necesario acabar con esta fractura de nuestro sistema del bienestar y con la paradójica independencia entre el sistema impositivo y los programas sociales dirigidos a los más pobres. "nuestro sistema impositivo es independiente de los programas sociales de sostenimiento de rentas en favor de los más pobres" , lo que da lugar a tratamientos regresivos y hace que este modelo de redistribución no equitativa se inscriba en una dinámica entre pobres y ricos que intenta legitimar una menor actuación solidaria por parte del Estado.

lo que resulta llamativo es que se cuestione la redistribución a favor de los pobres, pero no la efectuada entre los no pobres mediante deducciones y exenciones fiscales, que deben entenderse como una especie de crédito fiscal que el Estado les conceden y del que están excluidos los más pobres que no presentan la declaración de la renta. una generosidad que superan muchos programas de lucha contra la pobreza y entre la cual se escucha en pocas críticas.

otro de los problemas del sistema actual es que excluye a ciertos colectivos sociales. hablamos de aquellos que no presentan declaración de la renta (que suelen ser personas en riesgo de pobreza y exclusión social), como hemos señalado anteriormente, y que , por tanto, no se benefician de los gastos fiscales otorgados por el Estado; aparte de que o reciben prestaciones inferiores al mínimo establecido en el IRPF o se quedan fuera de las mismas dada su condicionalidad (por ejemplo, por agotamiento del tiempo durante el que se tiene derecho a la prestación). podemos hacernos una idea aproximada con el siguiente cálculo: frente a los 22 millones de activos, aproximadamente, cerca de 18 millones de personas presentan declaración de la renta, por lo que hay muchos ciudadanos que quedan fuera del sistema. con una renta fiscal universal podríamos integrar a todos estos colectivos marginados del sistema siguiendo la idea de la distribución de Rawls: una sociedad justa debe procurar no solo

ha llegado el momento de abordar propuestas como la aquí planteada, que exige una revisión de nuestras políticas públicas y un profundo debate en un momento en el que el Estado y sus funciones parecen estar sometidos a una dieta constante, con presupuestos que reflejan un sector público pequeño e ineficiente.

en primer lugar, porque la progresividad del sistema se encuentra erosionada en la mayoría de los países ricos debido al trato favorable a las rentas del capital frente a las rentas del trabajo (la fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo cual penaliza el crecimiento y el empleo), a la fuga de capitales hacia países donde hay una menor presión fiscal y a la tendencia a disminuir la presión fiscal sobre los impuestos directos y desviarla hacia la imposición indirecta; y en segundo lugar porque las tendencias privatizadoras de ciertos servicios públicos facilitan el acceso de los más ricos. Ello deriva en una erosión del Estado del Bienestar tradicional que tiende a romperse, cada vez de forma más evidente en dos: uno privado para los ricos, con estímulos fiscales; y otro público para los menos favorecidos, con menor carga presupuestaria impositiva para su financiación.

Por todo ello es más necesaria que nunca defender las políticas sociales y redistributivas en un momento en el que peligrosamente, son cuestionadas desde distintos sectores ideológicos por partidarios de una menor presión fiscal, que abogan explícitamente por la limitación o reducción de los niveles de solidaridad y progresividad del sistema, llegando a cuestionar principios de las tradicionales políticas del bienestar. una tendencia común en los países ricos donde la disminución de la brecha ricos y pobres en el último siglo y la consolidación de la clase media ha sido usada como argumento para reclamar una menor presión fiscal con fines redistributivos, especialmente en periodos electorales.